Cazorla
Viernes, Abril 23, 2010 8:17

Las pymes se rebelan contra las operaciones vinculadas

Una pyme le vende un piso al hijo de su consejero por 45.000 euros, pero Hacienda entiende que el valor de mercado del inmueble es 90.000 euros. La sanción por Ley General Tributaria, en el nuevo marco por el que el Gobierno reforma los precios de transferencia, es de 6.750 euros por valorar a mercado de forma incorrecta.

Pero si la Inspección alega que vale 150.000, la modificación del Ejecutivo no elude el régimen de operaciones vinculadas y la sociedad será multada con 15.750 euros.

Es un ejemplo del coste material para la pequeña y mediana empresa de este sistema, que se une al tiempo que absorbe cumplir con estas exigencias y la inseguridad que transmiten. Esta situación, que ahoga a las pymes en la crisis, ha provocado que asesores fiscales y empresas se rebelen contra un marco fiscal que la OCDE y la UE han pensado para grupos multinacionales en operaciones internacionales y que en España se aplica sin matices a la pequeña empresa en operaciones locales.

Cuando se ha cumplido un año “el pasado 19 de febrero” de la entrada en vigor del Real Decreto 1.793/2008, que introdujo las obligaciones de documentación y que complementó las novedades en el Impuesto sobre Sociedades por la Ley 36/2006, de 29 de noviembre, de medidas para la prevención del fraude fiscal, el Gobierno ha planteado dos reformas que la mayoría de los expertos creen insuficientes. Las reivindicaciones de la Asociación Española de Asesores Fiscales (Aedaf) y de otros fiscalistas, que han calado en partidos como CiU, han llegado a oídos del Ejecutivo.

Así, el RD de los pactos de Zurbano simplifica las obligaciones de documentación de las pymes cuyo importe neto de la cifra de negocios sea inferior a ocho millones de euros, siempre que el total de las operaciones vinculadas realizadas en el periodo impositivo no supere el importe conjunto de 100.000 euros de valor de mercado. Además, el Gobierno se compromete a tramitar en tres meses un Decreto que reduzca las cargas formales en operaciones nacionales, en las que intervengan pymes, que su importe no sea muy significativo y que no atañan a paraísos fiscales.

Profunda decepción y frustración ante el parche que el Gobierno ha puesto siente Juan Carlos López-Hermoso, presidente de Aedaf. Éste compromiso le parece a “muy escaso, una oportunidad perdida de reformar el régimen”.

Considera que estos anuncios son una “operación de imagen” para aparentar que el Gobierno se preocupa por las pymes. “El futuro decreto sobre vinculadas no va a reformar el régimen sancionador, ni el ajuste secundario, ni el perímetro de vinculación”, adelanta. Estos tres aspectos son fundamentales para los asesores fiscales, que proponen incrementar el grado de participación exigido para que haya vinculación desde el 1% (para cotizadas) y 5% al 50%, salvo si la Administración prueba que un contribuyente ejerce el control político. Asimismo, Aedaf pide eximir a las pymes de toda obligación a priori y redefinirlas (50 millones de facturación, 150 empleados) como Reino Unido o Francia.

En esta línea, Álvaro Beñarán, asociado senior de Ernst & Young Abogados, entiende que “el RD es insuficiente y su aplicación tiene limitaciones. Primero, porque es sólo para pymes. Y segundo, porque es para un total de operaciones inferior a 100.000 euros, ya que lo habitual es que pasen siempre ese umbral”. De esta forma, el único caso para el que se le ocurre que sea aplicable es para “pymes en la relación de los administradores o consejeros con su sociedad, cuando la pyme no realice otras operaciones vinculadas”. Sugiere “fijar un límite de 100.000 euros por operación vinculada o por tipo de operación”.

Beñarán reconoce que “la Disposición Adicional del RD parece que abre el melón para la reforma del marco”, pero recuerda que “la vía del Decreto limita mucho. Ciñéndose al ámbito reglamentario, sólo puede reformarse el Reglamento de la LIS, que atañe a la Documentación, pero no el artículo 16, por lo que se mantendrá el régimen sancionador”. Además, Beñarán lamenta que no se aclare “qué ocurre con las cuatro Haciendas forales”.

Por último, cree conveniente ?limitar la facultad de requerir la documentación a los órganos de Inspección y en el curso de un procedimiento de comprobación, lo que preocupa a las empresas, por lo que se podría aprovechar la reforma para concretar este punto en el artículo 18 del RIS?.

La reforma es puesta en cuestión por los asesores de las multinacionales, que también cuentan entre sus clientes con otro tipo de empresas y que se preocupan por las incoherencias de la reforma. Javier González Carcedo, socio responsable de Precios de Transferencia en Landwell-PwC, cree que “la reforma es muy limitada y puede ser malentendida porque los contribuyentes exonerados siguen teniendo la obligación de valorar a mercado y podrían ser sancionados según el régimen general”.

Más relevancia concede a la reforma de las obligaciones en materia de operaciones domésticas en la medida que contribuya a exigir documentación sólo donde exista riesgo fiscal. En todo caso, cree que “la principal reforma pendiente es la equiparación del umbral de vinculación”. Propone, al menos, “igualarlo con el umbral que establece el Plan General Contable, que presume influencia a partir de un 20%”.

Estos expertos plantean que se extiendan algunas mejoras a otras empresas. Montse Trapé, socia del Área de Precios de Transferencia de KPMG Abogados, sugiere que se aplique “una mínima modificación en el régimen sancionador cuando no hay exclusión de la obligación introduciendo un límite máximo de sanción del 1% del importe de operaciones vinculadas o del 10% del volumen total”.

A Trapé le parece una reforma “de mínimo alcance e, incluso, hasta cierto punto, con un elevado grado de improvisación”. Lamenta que no se explicite si el límite de 100.000″ euros incluye o no las operaciones realizadas entre entidades que consolidan fiscalmente. Pero le parece “esencial determinar cuál es el riesgo fiscal en juego que ha quedado exonerado de documentar”. Sin embargo, Trapé opina que “queda una esperanza. Es el compromiso de presentar una reforma más profunda. Esperemos que escuchen a los agentes económicos”.

Por otra parte, Ignacio Longarte y Juan Ignacio de Molina, socios del área de Precios de Transferencia de Deloitte, creen que “la reforma tiene sentido, en otras jurisdicciones se buscan fórmulas parecidas”. Aunque reconocen que ?no queda claro a qué se refieren los 100.000 euros?. A juicio de Logarte y De Molina, “no hay soluciones fáciles. No quieren excluir a las pymes en la lucha contra el fraude, aunque nos alejamos del concepto de pyme europea”. No saben “hasta qué punto la Administración está predispuesta a perder el control”. Y le sugieren que saque unas guías adicionales que orienten a las empresas”.

Francisco de la Torre, secretario general de los Inspectores de Hacienda, señala que “cuando los asesores fiscales abogan por la modificación de un régimen, que parece una fuente de facturación, es que no es razonable”. Y cree “un acierto” de los pactos de Zurbano que hayan incluido la modificación del régimen.

Por último, Ramón López de Haro, socio director del Área de Precios de Transferencia de Garrigues, dibuja un panorama futuro en el que las operaciones vinculadas serán “fuente de conflicto y litigios entre accionistas minoritarios y la matriz, como ocurre en EEUU. Además, este marco también ?ofrecerá oportunidades fiscales para ganar competitividad”, concluye.

Los Estados miembros de la UE se han dotado de un mecanismo para garantizar la eliminación de la doble imposición que generan los ajustes por precios de transferencia poco conocido aún entre las empresas españolas pero mucho más efectivo que cualquier recurso ante los tribunales españoles. Eduardo Gracia, socio de Ashurst y miembro nato del Foro Conjunto de Precios de Transferencia en el UE, explica que “garantiza la eliminación del problema y en un máximo de dos o tres años desde la presentación del caso (para lo que hay un plazo máximo de otros tres años), atribuye a una determinada jurisdicción el ingreso o gasto y su tributación”.

Este método se ha articulado por medio de un tratado internacional, el Convenio de Arbitraje de la UE, en el seno del Foro de la UE sobre Precios de Transferencia, por el cual si las administraciones tributarias no consiguen alcanzar un acuerdo en dos años, la resolución se remitirá a un tribunal arbitral cuya decisión será vinculante.

A ello se añade que en 2009 se modificó la normativa española para permitir que el pago de la deuda tributaria girada como consecuencia de ajustes por precios de transferencia pudiese suspenderse con aportación de garantías (aval bancario, sobre todo) en tanto se resuelve el arbitraje. “Es aconsejable plantearse esta vía como alternativa a la judicial, donde los gastos suelen ser superiores, no se garantiza la eliminación de la doble imposición y los tiempos son más extensos”, concluye Gracia.

Propuestas de Aedaf
- Limitar las obligaciones de documentación a las operaciones internacionales, y eximir a las pymes de toda obligación a priori.

- Redefinición de la pyme (50 millones de facturación, 150 empleados).

- Incrementar el grado de participación mínimo exigido para que haya vinculación desde el 1% (para cotizadas) y 5% actuales al 50%, salvo si la Administración prueba que un contribuyente ejerce el control político y económico sobre la otra entidad,en cuyo caso podrían considerarse vinculadas con un porcentaje inferior.

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